Y es que en general, el problema no es el contenido de las leyes - que obviamente sería preferible se redacten con criterios técnicos y en lo posible sean cortas y generales, evitando así ambigüedades. El problema en un país con instituciones públicas débiles y una sociedad con escasa educación cívica es que las leyes no se hagan cumplir y sean pisoteadas desde el poder.
La preocupación de los medios de comunicación no debería reducirse a cuestiones de forma como lo es el debate de mantener o eliminar el artículo 16 del proyecto de Ley Antirracismo. La preocupación real al respecto trasciende a cuestiones de fondo como ser: ¿Quiénes administran la justicia? ¿Está la justicia politizada? ¿Es confiable e imparcial la justicia boliviana para un ciudadano sin padrinazgo del poder político, económico o sindical?
La cuestión de fondo es el miedo a que los poderosos apliquen la Ley del Embudo (ancho para otros y estrecho para uno). Que si un oficialista emite un adjetivo racista como “t’ara” o “k’ara” no se le sancione porque el poder judicial está copado por gente afín a su partido y las demandas legales en su contra son rechazadas a partir de juicios nada imparciales. Que se enjuicie al opositor y no se enjuicie o peor aun se proteja al oficialista ante acusaciones por delitos similares.
El miedo a la Ley Antirracismo es que no se mida a todos con la misma vara, que “hecha la ley esté hecha la trampa” y que como siempre ha ocurrido en la historia del país, los partidos políticos que estén en función de gobierno la utilicen con fines oscuros, los ciudadanos que son víctimas de racismo continúen desprotegidos y algunos otros opten por la anarquía que es hacer justicia con manos propias.
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